El creciente protagonismo de Centroamérica

Centroamérica es, cada vez en mayor medida, un polo de influencia ideológica y un termómetro político para toda América Latina. Liderazgos como el de Bukele y Ortega y procesos políticos como el de Panamá y Guatemala ilustran movimientos de peso en una región que, no obstante, parece lejos de abordar las problemáticas estructurales de sus sistemas económicos, políticos e institucionales
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Centroamérica es a menudo pensada políticamente —y de esta misma forma se interpreta en este texto— como los pueblos que constituyeron entre 1823 y 1841 el ambicioso proyecto nacional de la República Federal de Centroamérica (antes, Provincias Unidas de Centroamérica); es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá, una verdadera particularidad histórica conformada como entidad formalmente autónoma en 1904 como herramienta para el control estadounidense del Canal de Panamá, es incorporada como “anexo” a la compleja subentidad regional de América Central. En la actualidad, Centroamérica está siendo el escenario de procesos políticos relevantes que ayudan a dar forma a una América Latina polarizada, al tiempo que se desarrollan en ella liderazgos tan distintivos como el de Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega en Nicaragua o Bernardo Arévalo en Guatemala.

En los últimos años, al menos tres de los seis países centroamericanos han atravesado períodos que pueden catalogarse como de “refundación nacional” (Nicaragua, El Salvador y Guatemala), si acaso no cuatro (Honduras). No obstante, estas transformaciones no necesariamente han tocado las estructuras históricas que han definido la vida económica, social y política de los países de la región. Centroamérica ha estado marcada desde fines del siglo XIX por tres claves: la dependencia y la primarización económica, la injerencia a todos los niveles de Estados Unidos y las guerras civiles de clase. Inmensamente rica en recursos minerales y naturales, América Central fue el primer interés claro del imperialismo estadounidense —en parte, como consecuencia de su ubicación geográfica inmediatamente al sur de Estados Unidos. No por casualidad, Washington y los monopolios norteamericanos como la United Fruit Company cooperaron para asegurar durante décadas la dominación económica, política y militar de los estados centroamericanos.

La división de la República Federal dio de sí cinco repúblicas a la que habría que sumar después a Panamá; en todas ellas, fueron las nuevas élites criollas las que “heredaron” los activos productivos (fundamentalmente, la tierra) de las élites coloniales españolas; a posteriori, estas posesiones terminaron en manos de conglomerados fundamentalmente estadounidenses. Si bien fue corta, la experiencia del unificacionismo del siglo XIX sentó las bases de un debate presente todavía en nuestros días: una América Central integrada —o, como horizonte de máximos, unificada— podría gozar de una posición de fuerza relativamente superior en su relación con las grandes potencias del capitalismo internacional, además de convertirse en un ente de verdadera tracción para toda América Latina.

Impulsada retóricamente en la actualidad por figuras como Nayib Bukele, ciertamente el “centroamericanismo” gozó de un peso importante durante la primera mitad del siglo XX como consecuencia de la avanzada imperialista de Washington en Nicaragua y en puntos del Caribe como Cuba o Puerto Rico. Culminando el primer cuarto de siglo, esta mirada integradora sobre América Central tiene un potencial enorme: los recursos de los que goza la región, la urgencia de redefinir su matriz productiva, su posición periférica en relación a Estados Unidos y otras grandes economías globales y la convergencia de algunos retos como el securitario dan pleno sentido a algún tipo de apuesta por la integración regional centroamericana.

Centroamérica, hoy

¿Quién gobierna hoy en América Central? El domingo 5 de mayo de 2024, Panamá fue a las urnas para elegir nuevo presidente. La crisis de legitimidad del gobierno socioliberal de Laurentino Cortizo, agravada por la resistencia social y sindical contra la minera canadiense durante la segunda mitad del 2023, condenó al candidato oficialista José Gabriel Carrizo, del histórico PRD, a la sexta posición. El ganador fue José Raúl Mulino, sustituto del ex presidente Ricardo Martinelli, un magnate panameño, de los principales jugadores del capitalismo nacional del país, condenado por lavado de dinero y asilado por el momento en la embajada de Nicaragua. “Pro mercado”, anti inmigrantes —quiere “cerrar el Darién”— y delfín del propio Martinelli, Mulino aboca a Panamá a un retorno al mandato de la derecha radical en alianza con otras figuras de la región como Bukele.

En El Salvador, de hecho, la consolidación de Bukele es ya total. Su victoria abrumadora en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2024 fueron el preludio de una reforma constitucional que podría reforzar todavía más el peso del ejecutivo en relación a los poderes legislativo y judicial, consolidando un proceso que dio comienzo con el autogolpe del año 2020. Como fuere, Bukele es uno de los grandes protagonistas de la política centroamericana y uno de los principales responsables de que el foco ideológico de la región esté apuntando cada vez en mayor medida hacia América Central. La influencia de la retórica del “método Bukele” —en la práctica, meramente una suma de la ya conocida “mano dura” y una asfixiante propaganda punitivista desde los medios de comunicación nacionales— en el resto de países de América Latina es cada vez más palpable.

Comunicativamente, Nayib Bukele ha sentado cátedra y ha sido una pieza clave para el éxito de campañas como la de Javier Milei, aunque su influencia va más allá: en Chile, Ecuador e incluso Guatemala el mantra de “¡Necesitamos un Bukele!” se consolida como una verdadera palanca electoral. Internacionalmente, la influencia de El Salvador en el ecosistema de la nueva derecha radical liderada por Donald Trump es innegable: Bukele es una de las principales figuras de consenso en este andamiaje ultraderechista, al tiempo que su propaganda alcanza los móviles de la juventud de derecha radical en España y en toda América Latina e incluso en Estados Unidos.

Por su parte, Guatemala es otro termómetro importante en Centroamérica. El descarado —en cierta medida, incluso obsceno— lawfare que el Ministerio Público y otros actores impulsaron contra Bernardo Arévalo durante la campaña presidencial y después de su victoria en el balotaje ilustra la vigencia de este método de las élites económicas, políticas y judiciales en toda América Latina para operar en defensa de sus propios intereses. La lucha que Bernardo Arévalo (ya como presidente) parece querer iniciar contra las figuras destacadas del lawfare en Guatemala sienta un crucial precedente en todo el continente: si tiene éxito, países que han sufrido sendos procesos de guerra judicial en la región (Brasil, Ecuador, Argentina…) podrían tener una referencia para futuros procesos de limpieza en los aparatos del estado.

En simultáneo, Nicaragua es una incógnita mayúscula. El gobierno de Daniel Ortega, inmerso en un viraje ideológico que está desgastando las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y está enfrentando al partido con amplios sectores del feminismo y de la izquierda nacional nicaragüense, conserva en cierta medida su agenda antiestadounidense frente a la histórica pretensión injerencista de Washington sobre el país, posicionando a Nicaragua en un punto de difícil definición. Por un lado, la dinámica de concentración de poder en torno a un poder ejecutivo “caudillizado” arroja considerables similitudes entre la Nicaragua de Ortega y El Salvador de Bukele; por otro lado, una eventual derrota del chavismo en las elecciones venezolanas de julio podría atrincherar al FSLN y reforzar al país como principal enclave anti Washington en la América continental.

Por si fuera poco, Centroamérica es todavía un escenario decisivo para la resolución del asunto del desconocimiento internacional de Taiwán (formalmente, República de China). Hasta la llegada de Xiomara Castro, Honduras reconocía a Taiwán —aunque en 2023, la presidenta modificó esta situación— y, en la actualidad, América Central (junto al Caribe) sigue siendo uno de los dos grandes focos de “resistencia” para una Taiwán cuya cuenta atrás en términos de reconocimiento internacional cada vez se acerca más al cero. La mitad de los estados que todavía lo reconocen se encuentran en esta región —Belice, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y las Granadinas—, muy por encima ya de Oceanía. De hecho, Guatemala es una pieza central para el ajedrez taiwanés que, probablemente, vaya a perder durante el mandato de Arévalo.

El giro a la izquierda de Honduras —a pesar de los amagos de Xiomara Castro por “bukelizar” la lucha contra el crimen organizado— tras las elecciones de 2021, con una agenda marcadamente atravesada por lo medioambiental, el feminismo y las políticas de redistribución de la riqueza, alteró en cierta medida un esquema subregional marcado por la divergencia ideológica pese a la convergencia de sus problemas estructurales. La Costa Rica del socioliberal Chaves, históricamente dirigida por variantes partidarias de la corriente institucionalista costarricense y alejadas durante décadas de toda ambición unificacionista o revolucionaria, cierra el puzle. Centroamérica seguirá siendo foco de interés ideológico y político durante años, en mayor medida si las tendencias generales del continente —punitivismo, lawfare, concentración del poder, dependencia…— siguen agudizándose en el seno de sus sistemas políticos.

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